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El sector minero de República Dominicana creció un 58.3% anual entre 2010 y 2016 en términos de exportaciones nacionales, superando el crecimiento de las exportaciones agropecuarias e industriales, cuyo incremento fue del 4.8% y 3%, respectivamente.
Solo las exportaciones de minerales representan un 40.9% de las exportaciones nacionales y el 18.1% de las exportaciones totales del país, según datos facilitados este martes por la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana (Camipe).
La entidad indica en su página web que el sector de minas y canteras (oro, ferroníquel, cobre y plata) son 4 de los 15 principales productos de exportación nacional.
A estos se suma la minería no metálica y la industria del cemento gris, pese a que la República Dominicana no es un país eminentemente minero.
No obstante, “el porcentaje de las exportaciones nacionales correspondientes a esta actividad económica es casi equivalente a los países con tradición minera, como Chile”.
En lo que a recaudaciones tributarias se refiere, Camipe señala que la actividad minera aportó 56,693 millones en impuestos entre 2012 y 2016.
En 2016, las empresas asociadas a la Camipe generaron 1,757 millones de dólares, lo que ha permitido, en los últimos dos años, proyectos tangibles de valor para la industria y el país, tales como mayor generación de empleo, mayor competitividad y aumento de las divisas.
Asimismo, la explotación de minas y canteras registra una participación importante en el producto interno bruto (PIB) dominicano, al pasar del 0.4% en 2010 al 1.9% en 2016, siendo la minería la segunda actividad económica con mayor nivel de inversión extranjera directa (IED), representando un 18% en el período.
En término de empleo, la actividad minera es el segundo sector que presenta los mejores índices en el país, al generar 8,590 puestos directos y más 32,000 empleos indirectos, donde el 72% de sus empleados son formales y el 50% recibe un salario por encima del nivel de la media nacional.
Los inversionistas mineros están expuestos a riesgos sustanciales como consecuencia de los altos niveles de inversión de capital necesarios para la explotación, los largos plazos de las etapas de exploración en los que no existen ingresos ni certeza de encontrar depósitos minerales, así como la alta volatilidad de los precios de los metales.
Ante estos riesgos “es necesario establecer un régimen fiscal que permita compensar adecuadamente a las empresas que los asumen”, señala Camipe.
Por la naturaleza de la industria, el período de exploración se extiende entre 12 y 15 años, y sólo un 15% llega a la etapa de explotación; a eso se suma el efecto cíclico de los beneficios que genera la industria, que se rige por los precios internacionales de los productos.
La República Dominicana “posee un potencial geológico interesante para inversionistas y, por tanto, se requieren políticas mineras claras para lograr mayor inversión en el sector”, señala.
“Ofrecer una garantía jurídica mediante un sistema regulatorio que ofrezca confianza es la mejor forma de proteger los beneficios sociales y económicos generados a partir de la minería”, apunta la institución.
En ese contexto, Camipe plantea al Estado incrementar los esfuerzos “para crear mejores condiciones que garanticen las operaciones mineras, pues este sector puede establecerse en un ancla importante para la atracción de otros tipos de inversión”.
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